La Corte Suprema confirmó la responsabilidad de una empresa y de un trabajador que, mientras conducía una camioneta al interior de una faena, atropelló a un compañero de labores. El máximo tribunal dejó firme una indemnización cercana a los $97 millones por los graves daños físicos y psicológicos sufridos por la víctima.
Un trabajador que resultó gravemente lesionado tras ser atropellado por un compañero de labores durante su jornada laboral obtuvo una importante victoria judicial luego que la Corte Suprema dejara firme una sentencia que obliga al conductor responsable y a la empresa empleadora a pagar una indemnización total cercana a los $97 millones.
De acuerdo con los antecedentes del caso, el accidente ocurrió mientras la víctima desarrollaba sus funciones habituales dentro de una faena laboral. En ese contexto, otro trabajador que conducía una camioneta de la empresa realizó una maniobra que terminó impactando al afectado, provocándole lesiones de consideración y secuelas permanentes que alteraron significativamente su calidad de vida.
Tras el accidente, el trabajador afectado presentó una demanda civil buscando obtener reparación por los daños sufridos. Durante el proceso judicial se acreditó que tanto el conductor como la empresa tenían responsabilidad en los hechos, debido a la falta de medidas adecuadas de prevención y seguridad laboral.
Los tribunales establecieron que la empresa incumplió su deber legal de protección hacia sus trabajadores, obligación consagrada en la legislación laboral chilena. Asimismo, se determinó que el conductor actuó de manera negligente al momento de operar el vehículo que causó el accidente.
La sentencia consideró diversos perjuicios sufridos por la víctima, entre ellos el daño moral derivado del sufrimiento físico y psicológico, además de las consecuencias económicas asociadas a las lesiones permanentes provocadas por el accidente.
Posteriormente, la parte demandada intentó revertir la condena mediante recursos judiciales, sin embargo, la Corte Suprema rechazó los argumentos presentados y confirmó la resolución dictada por los tribunales inferiores, dejando firme el pago de aproximadamente $97 millones a favor del trabajador afectado.
El fallo refuerza la obligación que tienen las empresas de adoptar todas las medidas necesarias para resguardar la integridad física y la seguridad de sus trabajadores, especialmente en actividades que involucran la operación de vehículos y maquinaria dentro de los lugares de trabajo.
Especialistas en derecho laboral destacan que esta decisión judicial reafirma el criterio sostenido por los tribunales respecto de la responsabilidad de los empleadores cuando se verifican incumplimientos en materia de prevención de riesgos y protección de los trabajadores, especialmente cuando dichos incumplimientos derivan en accidentes con consecuencias graves.
