La Corte Suprema ratificó la sentencia que obliga a pagar $600 millones a una empresa y a la Municipalidad de Quellón, luego que dos de sus trabajadores sufrieran un grave accidente mientras cumplían sus labores.
El hecho se produjo en 2021, mientras José Oyarzo y Carlos Villegas, recolectores de basura en Quellón, eran transportados en las pisaderas traseras de un camión recolector.
Es en ese contexto que ambos fueron impactados por un bus conducido por un chofer en estado de ebriedad. Ambos resultaron con lesiones de extrema gravedad, que derivaron en la amputación de extremidades.
A raíz del impacto, uno perdió ambas piernas y el otro sufrió la amputación de una, quedando con secuelas permanentes. El fallo, dictado en primera instancia por el Juzgado de Letras de Castro y confirmado por la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, fue calificado por el senador Fidel Espinoza como un hito en la defensa de los derechos laborales.
El parlamentario advirtió que la resolución obliga a las empresas y los 345 municipios del país a garantizar condiciones seguras en la recolección de residuos, y llamó a la Contraloría General de la República a establecer exigencias en los procesos de licitación para que las firmas incorporen tecnología o vehículos que resguarden la seguridad de los trabajadores.
