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Marta Álvarez era una funcionaría de la Inspección Comunal del Trabajo de Ancud, región de Los Lagos, hasta hace dos meses, cuando fue informada de su desvinculación. Todo, tras un largo sumario por venta de contenido erótico, el cual -según ella- estuvo marcado por discriminación de género y acoso laboral previo.
Según relató la mujer a Denuncias BBCL, en noviembre de 2024 se instruyó un sumario en su contra por publicación de “contenido de carácter erótico en una página web, percibiendo ingresos por la venta de dicho material”.
Y en efecto, en junio de ese mismo año, Marta abrió una cuenta en la plataforma Arsmate. Además, comenzó a utilizar su cuenta personal de Instagram, con el objetivo de generar ingresos extra “tras una separación compleja y deudas importantes, debía cubrir los gastos de cuidado de mi hijo, quien tiene diagnóstico de TEA”.
Si bien, una cuenta era privada y a la otra se podía acceder mediante una suscripción pagada, el rumor del hecho y las fotografías no demoraron mucho en divulgarse.
Sumario administrativo
Por lo mismo, desde enero a julio de 2025, la mujer estuvo suspendida de sus funciones, mientras se llevaba a cabo el sumario.
La idea, entre otras cosas, era clarificar si Marta había grabado contenido al interior de su oficina en Ancud y acreditar que la denuncia por venta de material erótico era real.
Para ello, se tomó declaración a diversos funcionarios, como al director regional de la Dirección del Trabajo, Claudio Salas; al jefe directo de la mujer, y pares.
Entre las preguntas, a algunos funcionarios se les consultó: “Es efectivo que la funcionaria usa ropa demasiado escotada o faldas muy cortas?”. “El sumario no era por cómo me visto, pero eso dio la instancia para que demás funcionarios juzgaran mi aspecto”, argumentó la mujer.
Sea como sea, dentro del sumario se resolvió la sanción para la entonces funcionaria, la cual consistía en 3 meses de suspensión. Durante ese tiempo, solo debía percibir el 50% de su remuneración.
No obstante, pese a la resolución del procedimiento, la mujer fue desvinculada de la Inspección Comunal del Trabajo.
¿Realmente no se puede vender contenido siendo funcionario público?
Dentro del sumario administrativo, se hace alusión a faltas contenidas en la Ley 18.575 (Bases de la Administración del Estado) y en el Estatuto Administrativo (Ley 18.834).
“Observar estrictamente el principio de probidad administrativa” y “Observar una vida social acorde con la dignidad del cargo”, son algunas de las faltas que se mencionan, pero, ¿Es ilegal o irregular vender contenido erótico siendo funcionario público?
En la teoría, no. Principalmente, porque ambas leyes no regulan directamente la venta de contenido erótico en plataformas, pero sí establecen deberes de probidad y conducta que podrían entrar en conflicto con esa actividad.
Aun así, podría ser sancionable si se considera que esa actividad afecta la “dignidad funcionaria”, la “imagen institucional” o los deberes de probidad.
“De todos modos yo puedo asumir una sanción, en el entendido de la intachable conducta de un funcionario público, más allá de que no se debería porque es mi vida privada (…) Pero para mí y mi abogada no son hechos de la envergadura de una destitución y más considerando el historial de discriminación y acoso hacia mi persona”, explicó la exfuncionaria.
Acoso laboral previo
Su historia, según contó a Denuncias BBCL, tiene una larga data y no empezó precisamente con el inicio del sumario, sino antes.
De acuerdo a lo relatado, la mujer ingresó a la Inspección Comunal del Trabajo en Vitacura, región Metropolitana, pero por razones familiares solicitó el traslado a Ancud, lo que se concretó en febrero de 2018.
Algo que Marta no sabía es que, al momento de su traslado, ella se encontraba embarazada. “A principios de marzo se confirmó y a los días siguientes comencé con fuertes dolores, sangrado y fiebre, algo que aviso en mi trabajo”, relató a este medio.
Sin embargo, aseguró que, pese al aviso, debió trabajar igual. “Luego de esto los dolores se intensificaron y fui a urgencias de maternidad, donde perdí a mi bebe. Me dieron 15 días de reposo”, puntualizó la mujer.
En este sentido, la mujer acusó que desde ese minuto comenzaron los hostigamientos hacia ella. “Comenzaron con una seria de comentarios, desde las dudas hacia la paternidad de mi hijo, hasta que yo era floja, una chica cacho, buena para tirar licencia”.
Agregó que le informó a su jefatura del real motivo de su licencia médica, y “antes de que yo le señale lo de la pérdida de mi bebe, él dice que tiene la peor opinión de mí, que una funcionaria que lleva menos de un mes de traslado, llegue y tire licencia 15 días, es impresentable”.
Otros ejemplos de acoso laboral, y que quedan en manifiesto dentro del sumario, tienen que ver con la forma de vestir de la ahora exfuncionaria. “Yo uso gorros rusos y guantes para el invierno, a lo cual ellos me miraban, se reían y comentaban ‘estamos en Rusia, llegó la muñeca rusa’, mofándose de mi forma de vestir”.
“En convivencia o celebraciones de oficina, mi jefe me bautizó como ‘Luli chilota’, por mi forma de vestir, se mofaba de esa situación y además de forma lasciva e insistente, en todas esas ocasiones, pedía que yo bailara, a lo que no accedí. Sin embargo, él reiteraba que la jornada de convivencia le había faltado mi baile y que había quedado debiendo el baile”, agregó Álvarez.
Pese a todas las situaciones, contó que no denunció por miedo a represalias y que los hechos se habrían detenido una vez se promulgó la Ley Karin.
Autoridades frente a estos hechos
BioBioChile contactó a la Dirección Regional del Trabajo de la región de Los Lagos para conocer, principalmente, por qué la decisión de destituir a la mujer, a pesar de la medida disciplinaria resuelta por el sumario.
Su director, Claudio Salas, sostuvo que “lamentablemente es poco lo que podemos informar, en tanto los sumarios administrativos en curso tienen carácter reservado conforme a lo que establece el Estatuto Administrativo”.
Y es que, Marta Álvarez decidió interponer un recurso de reposición para que se modifique, o se deje sin efecto, su destitución. “Por esa razón, mientras el procedimiento no concluya, no es posible entregar antecedentes”, agregó Salas.
De igual forma, fue consultado el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, por la acusación de discriminación sostenida por Álvarez.
En esta línea, detallaron que no tienen facultades legales para intervenir en este caso jurídicamente hablando. “No obstante, si requiere orientación y atención psicosocial, se puede acercar a la dirección regional de su región“.
