La Fiscalía de Concepción presentó una acusación contra un contratista y un supervisor de mantenimiento de redes de la Cooperativa Eléctrica Charrúa (COELCHA), por su presunta responsabilidad en el origen del megaincendio Santa Ana, ocurrido en febrero de 2023 en la Región del Biobío. El Ministerio Público solicita cinco años de presidio para cada uno de los acusados.
La emergencia, que afectó a distintas comunas de la región, dejó 14 personas fallecidas, nueve lesionadas y más de 69 mil hectáreas arrasadas, además de importantes daños en viviendas, infraestructura, establecimientos educacionales y servicios básicos.
Según los antecedentes de la investigación, el fuego se habría originado el 2 de febrero de 2023, cerca de las 17:20 horas, en el sector El Pino, en la comuna de Nacimiento, luego de que una rama de eucalipto entrara en contacto con una línea eléctrica energizada.
La Fiscalía sostiene que el origen del siniestro estaría relacionado con deficiencias en trabajos de mantención y despeje de vegetación bajo las líneas eléctricas, labores que habrían sido ejecutadas de manera incompleta o defectuosa durante 2021 y que, además, no se habrían concretado según lo programado para comienzos de 2023.
En la acusación, el Ministerio Público atribuye responsabilidades al contratista encargado de las labores de despeje y al supervisor de mantenimiento de redes, por presuntas negligencias que habrían contribuido a la generación del incendio y sus consecuencias.
Para ambos imputados, la Fiscalía solicita cinco años de presidio y una multa de 150 UTM, por infracción a la Ley de Bosques, en concurso ideal con 14 cuasidelitos de homicidio y nueve cuasidelitos de lesiones graves y menos graves.
La acusación fue presentada ante el Juzgado de Garantía de Nacimiento, tribunal que deberá fijar la audiencia de preparación de juicio oral, instancia previa al juicio en el que se buscará acreditar los hechos y las eventuales responsabilidades penales de los acusados.
El caso vuelve a poner en discusión la importancia de las labores de mantenimiento preventivo de instalaciones eléctricas, el despeje de vegetación en zonas de riesgo y la supervisión efectiva de trabajos ejecutados por contratistas, especialmente en sectores expuestos a incendios forestales.



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