A la justicia llegó el caso de un menor de 10 años, diagnosticado con Trastorno del Espectro Autista, y a quien un colegio del Servicio Local Andalién Sur le canceló la matrícula tras invocar la Ley Aula Segura. La madre del niño, a través del Instituto de Derechos Humanos, denunció como ilegal la medida y presentó un recurso de protección.
La víctima, según la acción legal ingresada en la Corte de Apelaciones de Concepción, cursaba quinto año básico en el Colegio Chile España, un establecimiento dedicado a la atención de alumnos con necesidades especiales.
Su madre explicó que su hijo, quien tiene un diagnóstico de TEA, con discapacidad intelectual leve y trastorno de conducta, fue sometido al proceso por Ley de Aula Segura tras una descompensación en la que profesores aseguran haber sido agredidos.
Primero el niño de 10 años fue suspendido. Luego, como consecuencia de la investigación, se decide el cierre adelantado del año escolar y además se cancela la matrícula para el año 2025.
Ante la desproporcionada sanción es que la madre intentó conseguir ayuda legal, logrando el apoyo del Instituto de Derechos Humanos después de que varias reparticiones públicas —incluida la Defensoría de la Niñez— no atendiera el caso.
El INDH presentó un recurso de protección, denunciando como ilegal que se aplicara la Ley Aula Segura a un menor con diagnóstico de TEA, explicó la directora del organismo, Carolina Chang.
Este lunes la Corte de Apelaciones de Concepción debería resolver la admisibilidad del recurso y una orden de no innovar que permita la matrícula para el próximo año al niño.
