El caso reveló una cadena de omisiones que terminó con la muerte de un padre y trabajador.
El derrumbe ocurrió en agosto de 2019, en una faena de construcción de un establecimiento educacional en Talcahuano. Una zanja, sin protección ni señalización. Un trabajador ingresó. La tierra cedió. Eduardo Matamala no volvió a salir con vida. Tenía una familia, una pareja embarazada, un hijo pequeño y un padre que lo consideraba su principal apoyo. Cinco años después, el tribunal dictó sentencia: la responsabilidad fue compartida, pero ineludible.
El Primer Juzgado Civil de Talcahuano condenó a la Corporación Educacional Masónica de Talcahuano (COEMTAL) y a la empresa Constructora y Maquinarias Pulmahue a indemnizar a los familiares del trabajador fallecido. La sentencia señala que ambas instituciones actuaron con negligencia. La empresa constructora, por no implementar medidas básicas de seguridad en una excavación activa; la corporación, por no ejercer una supervisión efectiva de su contratista.
En el fallo, la jueza Claudia Aguilera fue clara: el empleador directo no informó al trabajador sobre los riesgos de las tareas asignadas ni contó con un prevencionista de riesgos presente en el lugar. Por su parte, la entidad mandante no fiscalizó adecuadamente el cumplimiento de las normas de seguridad, permitiendo que se trabajara en condiciones inseguras. Incluso si Eduardo Matamala, como sugiere la defensa, asumió riesgos, su decisión no borra la responsabilidad de quienes debieron impedirlo.
Su muerte arrastró más que tierra. Su pareja, Daniela López, estaba embarazada de su hija Sofía cuando ocurrió el accidente. Sufrió una crisis emocional severa, un parto de alto riesgo, depresión profunda y secuelas físicas que casi le costaron la vida. Su hijo mayor, Vicente, sigue en tratamiento psicológico. El padre de Eduardo, Ramón Matamala, cayó en una depresión tras un accidente cerebrovascular.
El tribunal acogió las demandas de la familia y ordenó indemnizaciones por daño moral y lucro cesante reflejo. Aunque se reconoció que hubo “culpa de la víctima” en cuanto a su decisión de ingresar a la zanja sin autorización, eso solo moderó —pero no anuló— las responsabilidades de las demandadas. Las cifras hablan: $50 millones por cada uno de los demandantes directos, $92 millones por lucro cesante para los hijos, y $30 millones para el padre, todo reajustado e incrementado con intereses.
El derrumbe no fue solo de tierra. Fue también de deberes no cumplidos, de protocolos no aplicados, de vigilancia que no se hizo. Eduardo Matamala no murió por un accidente imprevisible, sino por una cadena de omisiones que, como tantas veces en Chile, terminaron costando una vida.
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