La Ley Jacinta endurece requisitos para licencias de conducir, exige declaración jurada de salud y aumenta protección a familias y trabajadores tras accidentes.
Chile suma una nueva herramienta legal en materia de seguridad vial con la aprobación de la Ley Jacinta, normativa que modifica las condiciones para acceder a una licencia de conducir al incorporar exigencias de salud más estrictas. La medida busca reducir accidentes de tránsito asociados a limitaciones físicas o psíquicas de los conductores, fortaleciendo la prevención y el control.
La ley introduce cambios que van más allá del proceso de licenciamiento, impactando también en los seguros obligatorios y en el ámbito laboral, con el objetivo de ampliar la protección a las personas afectadas por siniestros viales.
Qué exige la nueva declaración jurada para obtener licencia
El eje central de la normativa es la incorporación de una declaración jurada obligatoria para quienes postulan a una licencia de conducir. En este documento, los solicitantes deben acreditar que no presentan enfermedades o condiciones que afecten su capacidad para manejar, reforzando la responsabilidad individual, según el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT).
La omisión o falsedad de información tendrá sanciones severas. Si se comprueba que una persona ocultó antecedentes de salud y estuvo involucrada en un accidente, se aplicará una infracción grave de tránsito junto con la cancelación inmediata de la licencia.
Qué otros cambios incorpora la Ley Jacinta
La normativa también establece la aplicación obligatoria de un reglamento único para que los municipios evalúen la “idoneidad física y psíquica” de los postulantes, reemplazando los criterios dispares utilizados hasta ahora y fijando estándares comunes en todo el país.
Además, se incrementan las indemnizaciones del Seguro Obligatorio de Accidentes Personales (Soap) en casos de muerte o incapacidad permanente, ampliando la cobertura de gastos médicos y fortaleciendo el respaldo económico a las familias afectadas.
En materia laboral, la ley extiende los fueros por fallecimiento de hijos, cónyuges o convivientes civiles, otorgando un mes de protección a trabajadores con contratos a plazo fijo, equiparándolos con quienes cuentan con contratos indefinidos.
