Asociaciones de Funcionarios del Ministerio Público acusaron despidos injustificados en el marco de una “reestructuración institucional”, en medio de duras críticas al fiscal nacional, Ángel Valencia.
A través de un comunicado, criticaron la aplicación del artículo 81k de la Ley Orgánica Constitucional del organismo, asegurando que se ha utilizado para desvincular a funcionarios de larga trayectoria.
“Este artículo, utilizado para desvincular a funcionarios con más de 20 años de impecable trayectoria institucional y excelencia reconocida en el desempeño de sus funciones, se ha convertido en un doloroso instrumento de abuso y desprotección laboral”, señalan.
“Así lo demuestran las reiteradas sentencias de los Tribunales Laborales que han condenado al Ministerio Público por despidos injustificados en la gran mayoría de los casos representados por las Asociaciones de Funcionarios”, añaden.
En ese sentido, cuestionan que en el contexto de estrechez presupuestaria del país y del propio Ministerio Público, se “desperdicien” recursos para el pago de indemnizaciones.
“Este gasto irracional se produce únicamente para avalar una supuesta “reestructuración institucional” que, en la práctica, no es más que una excusa infundada para desvincular arbitrariamente a funcionarios que, por alguna razón ajena al mérito laboral, han caído en desgracia ante sus superiores directos o fiscales regionales, siendo muchas veces víctimas previas de acoso laboral y hostigamiento institucional”, acusan.
“Este año, a pesar de haber solicitado expresamente al Fiscal Nacional una restricción prudente y justificada en la aplicación de este artículo, 26 funcionarios fueron arbitrariamente desvinculados”, critican desde la Asociaciones de Funcionarios del Ministerio Público.
“Este lamentable proceder no solo fractura gravemente los equipos de trabajo, deteriora el clima organizacional y genera inseguridad en quienes aún permanecen en la institución, sino que además evidencia una discriminación alarmante hacia los funcionarios en comparación con los fiscales, a quienes este artículo no se aplica, pese a formar parte igualmente de la misma institución”, advierten.
“Es profundamente contradictorio y preocupante que en paralelo al debate legislativo sobre el proyecto de fortalecimiento institucional, donde precisamente se solicita mayor dotación, el Fiscal Nacional atente directamente contra la integridad laboral y humana de los funcionarios más experimentados y comprometidos, desconociendo los graves perjuicios económicos, emocionales y familiares que estas decisiones arbitrarias provocan”, fustigan.
“Así como hemos apoyado activamente el proyecto de fortalecimiento en las distintas instancias legislativas, creemos firmemente que dicho proyecto no puede considerarse completo si no se regula definitivamente el artículo 81k de la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público”, apuntan.
Por último, sentencian que “las Asociaciones de Funcionarios del Ministerio Público exigen con urgencia a los parlamentarios discutir respecto a la regulación del artículo 81k de la LOC, privilegiando el respeto hacia los derechos laborales, la estabilidad emocional y económica de los funcionarios y sus familias, y la integridad organizacional del Ministerio Público”.
Revisa la declaración completa a continuación:
