El caso Monsalve nuevamente golpea a La Moneda, luego de que la denunciante del exsubsecretario del Interior presentara una demanda laboral en contra del gobierno, acusando una vulneración de derechos fundamentales.
Todo esto en el marco de la denuncia por violación contra Manuel Monsalve y el rol que tomaron distintos estamentos del Estado a partir de este caso.
De esta manera, se acusa a la Subsecretaría del Interior de negligencia al considerar que no se tomaron medidas frente a los actos denunciados, afectando la integridad psíquica, física y derechos laborales de la víctima.
La acción judicial fue acogida a trámite por el Segundo Juzgado Laboral y de Letras de Santiago, tras la presentación que realizaron los abogados Rodrigo Azócar y Romina Urzúa, representantes de la denunciante.
De hecho, los propios juristas, a través de un comunicado público, precisaron que la denunciante no busca compensaciones económicas, sino declaraciones y medidas para prevenir futuras vulneraciones en el ámbito laboral público.
Frente a esta situación, el actual subsecretario del Interior, Luis Cordero, planteó que “las reflexiones, los mea culpa, las medidas que se han adoptado, las omisiones que pudieron haber existido, son todos antecedentes que han sido entregados a la Comisión Investigadora”.
“Solo decir y recordar que la víctima ha sido una permanente preocupación por parte del Ejecutivo, y particularmente del Ministerio del Interior, y ella mantiene su contrato vigente con el Ministerio del Interior”, agregó,
Los posibles efectos tras demanda de denunciante de Monsalve
De todas formas, si se comprueba que la denunciante sufrió violaciones a sus derechos fundamentales, podría ser compensada económicamente por los daños sufridos, lo que implicaría una carga financiera para el Estado, que también arriesgaría multas que deberían ser pagadas por el Fisco.
Así lo planteó el académico de Derecho del Trabajo de la Universidad de Chile, Luis Lizama, quien, además, explicó que “lo que se plantea es que no hubo una adecuada protección de la trabajadora una vez que ella fórmula la denuncia”.
“Ahí, lo que se está planteando es que el Estado, en este caso la subsecretaría, debió adoptar alguna medida para evitar que siguiera produciéndose este conjunto de acciones que la estaban afectando. Ahí estaría la omisión, o sea que habiendo conocido la denuncia, la autoridad pública no hizo nada o hizo poco”, agregó.
Cabe destacar que uno de los puntos que La Moneda reforzó durante las semanas posteriores a conocerse la denuncia contra Monsalve, fue que no existió ningún tipo de proceso interno que permitiera alertar del hecho.
En ese sentido, la doctora en derecho y académica de derecho del trabajo de la Universidad Católica de Valparaíso, Karla Varas, aseguró que una de las iniciativas importantes en esta materia es la Ley Karin.
“Al momento del conocimiento de los hechos que todos conocemos, se debió haber activado, ni siquiera con la necesidad de una denuncia por parte de la víctima, porque ya era una situación conocida por todos y estamos ante una institución pública”, dijo.
En medio de este escenario, surgen dudas respecto a qué normativas podrían prevenir este tipo de situaciones.
En esta materia, una de las iniciativas importantes es la Ley Karin, que entró en vigencia en agosto de 2024, normativa que fue de la mano con la implementación del el convenio 190 y la ley 21.675 sobre prevención y erradicación de la violencia contra la mujer.
Las normas mencionadas buscan garantizar espacios laborales libres de violencia y acoso. Sin embargo, la doctora en Derecho, Pamela Martínez, advirtió que “los servicios públicos hoy no se encuentran preparados para asumir la cantidad de denuncias que se están recibiendo, dado que la ley establece los mimos procedimientos vía sumario para las investigaciones”.
Además, agregó que “no se han hecho las suficientes capacitaciones” y que “todavía falta mucho para avanzar en la implementación y la erradicación de la violencia en el trabajo”.
Reacciones políticas
Las diferentes personalidades políticas no quedaron ajenas a la denuncia. Por ejemplo, el presidente la Comisión Especial Investigadora del Caso Monsalve, el diputado Miguel Mellado (RN), señaló que los actos y omisiones que menciona la víctima “van a ser importantes paras las conclusiones finales que vamos a tener”.
En tanto, la diputada y jefa de bancada independiente-PPD, Camila Musante, sostuvo que “el gobierno tiene que tomar las medidas necesarias en torno al protocolo de acción respecto de denuncias por delitos sexuales”.
“Sin lugar a dudas, desde la Comisión Especial Investigadora vamos a realizar recomendaciones que vayan en esta línea. Por lo demás, a propósito de los testimonios de los propios funcionarios de gobierno que asistieron a la comisión y que muchos de ellos declararon no conocer el protocolo que había que seguir”, añadió.
Vale destacar que para el caso, según explican en Palacio, al interponerse una medida prejudicial, el Consejo de Defensa del Estado fue quien asumió la causa, actuando en representación del fisco.
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